El congresista santandereano Cristian Avendaño expresó su fuerte oposición al impuesto a la seguridad en Santander propuesto por el gobernador departamental. Durante su visita a Barrancabermeja el pasado 3 de abril, manifestó su preocupación ante lo que considera un atropello económico a los ciudadanos y empresarios.
Como medida para frenar la aprobación del proyecto, Avendaño recusó a todos los diputados, buscando evitar que el tributo se apruebe de manera automática. La propuesta ha generado un amplio debate, pues plantea una carga adicional para los contribuyentes en un contexto económico complicado.
La recusación contra los diputados: un intento de frenar el impuesto
La recusación presentada por Avendaño busca impedir que los diputados intervengan en la aprobación del impuesto a la seguridad en Santander, argumentando una posible falta de imparcialidad en la decisión. Según explicó, esta herramienta jurídica permite solicitar que ciertos funcionarios se abstengan de participar en un proceso cuando existe el riesgo de sesgo.
El congresista insistió en que la falta de transparencia y la improvisación en la formulación del tributo son razones suficientes para cuestionar su implementación.
Impacto económico del impuesto a la seguridad en Santander
Inflación y costo de vida: un golpe a los ciudadanos
Uno de los principales argumentos en contra del impuesto a la seguridad en Santander es su impacto en la ya debilitada economía de la región. Avendaño destacó que Santander enfrenta una inflación superior al crecimiento económico, lo que dificulta aún más la capacidad de pago de los ciudadanos.
La tarifa de energía y su relación con el nuevo tributo
Además, el congresista recordó que, desde 2020, la tarifa de energía ha aumentado un 70 %, afectando tanto a hogares como a empresas. Agregar un nuevo impuesto en este contexto podría resultar insostenible para muchos sectores económicos, dificultando aún más la recuperación financiera de la región.
¿Es viable el modelo aplicado en otros departamentos?
El caso de Antioquia y las diferencias con Santander
El gobernador de Santander ha justificado su propuesta afirmando que otros departamentos, como Antioquia, ya han implementado un impuesto similar. Sin embargo, Avendaño advirtió que existen diferencias clave en la aplicación de este tributo.
En Antioquia, la tasa de seguridad cuenta con una destinación específica y un plan estructurado, mientras que en Santander la propuesta carece de una planeación clara. Según el congresista, la falta de precisión en el destino de los fondos genera incertidumbre y abre la puerta a problemas administrativos.
Problemas legales y conflictos administrativos
Otro punto de controversia es la legalidad del cobro del impuesto. En Medellín, la implementación del tributo generó conflictos entre la Gobernación y la Alcaldía, así como con la Superintendencia de Servicios Públicos, que cuestionó la metodología de recaudo.
En el caso de Santander, el congresista teme que la falta de planificación pueda derivar en situaciones similares, afectando a los ciudadanos con un cobro arbitrario sin mecanismos de control adecuados.
Expectativa ciudadana ante la posible aprobación del impuesto
Por ahora, el debate sobre el impuesto a la seguridad en Santander sigue en pausa, y aún no se ha definido la fecha en la que se retomará la discusión. La comunidad se mantiene a la expectativa, preocupada por las posibles consecuencias económicas que podría traer la medida.
Avendaño insistió en que continuará su lucha para evitar la aprobación de un tributo que, según él, solo aumentaría la carga financiera de los santandereanos sin garantizar una mejora real en seguridad.
Posibles consecuencias del impuesto a la seguridad en Santander
La implementación del impuesto a la seguridad en Santander ha generado un debate intenso entre diversos sectores de la sociedad. Más allá del impacto inmediato en los bolsillos de los ciudadanos, surgen interrogantes sobre las consecuencias a mediano y largo plazo que podría traer esta medida. Economistas, comerciantes y líderes políticos han expresado su preocupación por los efectos que este tributo podría tener en la competitividad regional, la inversión privada y el desarrollo económico del departamento.
Uno de los principales riesgos señalados es el aumento en el costo de vida. Con una inflación ya elevada y un crecimiento económico que no logra compensar la pérdida del poder adquisitivo, agregar una nueva carga tributaria podría significar un duro golpe para las familias santandereanas. Muchas de ellas ya enfrentan dificultades para pagar servicios básicos como la energía eléctrica, cuyo precio ha aumentado considerablemente en los últimos años. Un impuesto adicional podría agravar la situación, reduciendo aún más el margen de maniobra de los hogares para cubrir sus necesidades básicas.
Por otro lado, el sector empresarial también se vería afectado. Santander es una región con una economía diversa, impulsada por sectores como la agroindustria, el comercio y el petróleo. Sin embargo, la incertidumbre fiscal desincentiva la inversión. Si las empresas deben asumir un nuevo tributo sin un plan claro sobre cómo se utilizarán esos recursos para mejorar la seguridad, podrían optar por trasladar sus operaciones a otras regiones con condiciones más favorables. Esto no solo limitaría la generación de empleo, sino que también afectaría la competitividad de Santander en el ámbito nacional.
Otro punto crítico es la falta de claridad en la destinación de los recursos. Avendaño y otros críticos del impuesto han señalado que el proyecto no establece de manera precisa cómo se distribuirán los fondos recaudados. En Antioquia, por ejemplo, el tributo cuenta con una estructura más definida, mientras que en Santander la propuesta habla de una “seguridad multidimensional”, un término ambiguo que podría permitir el uso de los recursos en una variedad de proyectos sin una justificación clara. Esta falta de transparencia genera desconfianza en la ciudadanía y abre la puerta a posibles irregularidades en el manejo del dinero.
El impacto en la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones también es un factor a considerar. Cuando se implementan nuevos impuestos sin una estrategia clara y sin consultar adecuadamente a la comunidad, se genera un sentimiento de descontento y desconfianza en las autoridades. Muchos santandereanos temen que este impuesto termine convirtiéndose en una carga más sin que se traduzca en mejoras reales en la seguridad del departamento. En otras regiones donde se han aplicado medidas similares, han surgido protestas y demandas para revertir la decisión, lo que podría repetirse en Santander si la población considera que la medida es injusta.
Finalmente, la discusión sobre este impuesto pone de relieve la importancia de una planificación fiscal responsable. En lugar de implementar tributos de manera improvisada, los expertos sugieren que el gobierno departamental debería enfocarse en optimizar el uso de los recursos existentes, combatir la corrupción y mejorar la eficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad. Si bien la seguridad es una prioridad para cualquier sociedad, la manera en que se financian las estrategias para garantizarla debe ser cuidadosamente analizada para evitar afectar negativamente a la población.
La incertidumbre sobre la aprobación del impuesto a la seguridad en Santander mantiene en vilo a los ciudadanos, quienes esperan que el debate se desarrolle con total transparencia y que se busquen soluciones que no perjudiquen la economía del departamento. En este contexto, el papel de líderes como Cristian Avendaño será clave para representar los intereses de la comunidad y asegurarse de que cualquier decisión tomada tenga un fundamento sólido y un impacto positivo a largo plazo.