Enfoque territorial para agilizar la reparación a víctimas del conflicto armado
Desde Barrancabermeja, el director nacional de la Unidad para las Víctimas, Adith Romero, anunció un giro en la política institucional para dar cumplimiento a la Ley 1448. Su administración trabajará bajo un enfoque territorial que permitirá agilizar los procesos de atención y reparación a víctimas del conflicto armado. Este nuevo enfoque busca acercar los servicios del Estado a las comunidades y reducir los tiempos de espera, que en muchos casos superan la década.
Romero explicó que este cambio responde a la necesidad urgente de acabar con los cuellos de botella generados por los criterios de priorización establecidos en el marco normativo actual. Con la instalación de comités de seguimiento, la Unidad busca descentralizar su gestión, acercándose a los territorios para entender las necesidades reales de las víctimas y brindar una atención más ágil y efectiva.
Graves retrasos en indemnizaciones: solo el 17% ha sido reparado
Uno de los aspectos más críticos destacados por Romero fue el rezago en el pago de las indemnizaciones administrativas. Según cifras oficiales, de los cerca de 10 millones de víctimas registradas en Colombia, solo el 17% ha sido efectivamente reparado. Esta cifra evidencia una deuda histórica del Estado con las víctimas del conflicto, muchas de las cuales han fallecido esperando justicia.
Cuellos de botella por criterios de priorización afectan la respuesta del Estado
Romero explicó que existen tres criterios de priorización que han generado lentitud y desigualdad en la atención. En muchos casos, las víctimas deben esperar entre 10 y 20 años para acceder a una indemnización. “Incluso hay personas que murieron sin haber recibido nada. Es lo que uno escucha a diario en los territorios”, lamentó el funcionario. Para enfrentar esta situación, la Unidad implementará nuevas estrategias que permitan reducir los tiempos y aumentar la cobertura de la reparación a víctimas del conflicto armado.
Magdalena Medio, una región prioritaria con 600 mil víctimas
En su intervención, el director destacó el caso particular del Magdalena Medio, una de las regiones más afectadas por el conflicto armado. Allí se estima que hay aproximadamente 600 mil víctimas, y actualmente se desarrollan ocho procesos colectivos de reparación.
Romero subrayó que el trabajo articulado con otras entidades, como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ha permitido avanzar en la localización de víctimas y en la recuperación de bienes entregados por actores armados. Estos esfuerzos hacen parte del componente de reparación integral, que no solo contempla lo económico, sino también la verdad, la memoria y la justicia.
La reparación debe ir más allá del dinero: enfoque integral y psicosocial
Romero fue enfático en que la reparación no puede limitarse al pago de una suma de dinero. Aseguró que la reparación a víctimas del conflicto armado debe entenderse como un proceso integral que incluya acompañamiento psicosocial, acceso a la educación y apoyo al emprendimiento. “Nuestro deber es acompañar a todas las personas que han iniciado un proyecto de vida nuevo después del conflicto”, manifestó.
Educación, emprendimiento y atención psicosocial como pilares complementarios
El fortalecimiento de la reparación también implica abrir espacios de desarrollo personal y comunitario. Esto se logrará mediante programas que promuevan el acceso a servicios de salud mental, subsidios para emprendedores y becas educativas, especialmente en zonas rurales y apartadas. Romero indicó que esta visión integral es clave para dignificar a las víctimas y garantizar que puedan rehacer sus vidas con apoyo real del Estado.
Evaluación estricta de direcciones territoriales busca mayor eficacia
Finalmente, el director anunció que la Unidad para las Víctimas iniciará un proceso riguroso de evaluación de sus 20 direcciones territoriales. El objetivo es mejorar la eficiencia institucional y asegurar que cada región cuente con un equipo comprometido con los principios de justicia, celeridad y presencia territorial.
Romero fue claro: “El que no trabaja se va”, citando al presidente Gustavo Petro. Con esta medida, busca llevar la Unidad “del escritorio al territorio”, lema que define la nueva estrategia de trabajo. El propósito es claro: evitar que las víctimas sigan esperando por una reparación que, según Romero, debe ser vista como un derecho y no como una dádiva.
El funcionario cerró su intervención asegurando que el Gobierno del Cambio es el que más víctimas ha reparado hasta ahora, pero reconoció que aún queda un largo camino por recorrer. Con un compromiso firme, el nuevo enfoque territorial promete acelerar la reparación a víctimas del conflicto armado y poner fin a décadas de espera, silencio e injusticia.
El reto financiero detrás de la reparación a víctimas del conflicto armado
Uno de los desafíos más grandes para avanzar en la reparación a víctimas del conflicto armado es el factor económico. De acuerdo con Adith Romero, cumplir con los objetivos establecidos en la Ley 1448 y su reforma exige una inversión superior a los 160 billones de pesos antes del año 2031. Para abordar este reto, recientemente se instaló en el Congreso de la República una mesa de financiamiento interinstitucional, cuyo propósito es coordinar esfuerzos entre las distintas entidades del Estado y garantizar que existan los recursos suficientes para cumplir con las víctimas.
Romero insistió en que el proceso de reparación no puede seguir dependiendo exclusivamente de los recursos anuales asignados por el presupuesto nacional. Es necesario, dijo, construir un sistema de financiación sostenible que asegure el flujo constante de recursos, más allá de los ciclos políticos. “La reparación es una deuda histórica, no una opción. Requiere voluntad política, pero también mecanismos concretos de financiación que perduren en el tiempo”, subrayó el funcionario.
Este enfoque permitirá que la reparación a víctimas del conflicto armado no esté condicionada por cambios de gobierno ni recortes presupuestales, lo que garantizará continuidad en los procesos, especialmente en las regiones más afectadas. La sostenibilidad financiera también permitirá escalar los programas de atención psicosocial, educación y desarrollo económico, pilares fundamentales de la reparación integral.
Además, se contempla una estrategia para recuperar bienes entregados por grupos armados al Estado, los cuales pueden ser monetizados o aprovechados directamente para contribuir a la reparación colectiva o individual de las víctimas. Esta acción, articulada con la Unidad de Restitución de Tierras y la Fiscalía General, también busca saldar cuentas pendientes con miles de familias desplazadas y despojadas de sus derechos.
Presencia territorial: clave para una reparación más justa y efectiva
El lema de la administración actual, “del escritorio al territorio”, no es solo un eslogan. Representa un cambio de paradigma en la manera como el Estado interactúa con las comunidades. En ese sentido, Romero ha dejado claro que su gestión dará prioridad a las visitas en campo, encuentros regionales y espacios de escucha activa con las víctimas. “Solo en el territorio podemos dimensionar verdaderamente el sufrimiento y las necesidades de quienes vivieron el conflicto en carne propia”, afirmó.
Esta presencia en los territorios tiene múltiples impactos. Por un lado, humaniza la relación entre el Estado y las víctimas. Por otro, permite identificar bloqueos administrativos y construir soluciones desde las voces locales. En palabras de Romero, esta nueva cercanía busca devolverle la dignidad a las personas afectadas y mostrar que la reparación a víctimas del conflicto armado es una prioridad real, no solo una política en papel.
Uno de los principales objetivos de esta estrategia territorial es garantizar que las víctimas no tengan que trasladarse a las ciudades para hacer sus trámites. La descentralización de servicios es fundamental para reducir costos, facilitar el acceso y agilizar el tiempo de respuesta. Esto incluye jornadas móviles, puntos de atención en zonas rurales y alianzas con alcaldías y gobernaciones para fortalecer la institucionalidad en los municipios más afectados.
Participación de las víctimas: una construcción colectiva
Un aspecto clave dentro del nuevo enfoque de reparación es la participación directa de las víctimas en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. La Unidad para las Víctimas busca que las decisiones no se tomen desde Bogotá sin conocer la realidad en terreno. Por eso, se promoverá la creación de mesas de diálogo permanentes con organizaciones sociales, líderes comunitarios y asociaciones de víctimas.
Según Romero, la reparación a víctimas del conflicto armado no debe ser impuesta, sino construida de manera colectiva, escuchando a quienes han sufrido la guerra. Esta participación activa no solo fortalece la legitimidad del proceso, sino que también garantiza que las medidas adoptadas respondan a necesidades reales, no a diagnósticos genéricos.
En cada región se impulsarán planes diferenciales que respeten la diversidad cultural, étnica y territorial de las víctimas. Así, comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y urbanas podrán acceder a rutas de reparación ajustadas a sus contextos. Este enfoque intercultural es fundamental para lograr una reparación con sentido humano y transformador.