Durante una operación conjunta entre el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional y autoridades judiciales, se logró desmantelar una organización criminal conocida como “Los Usurpadores”. Esta banda, dedicada a suplantar grupos armados ilegales, operaba en diferentes centros penitenciarios del país.
Investigación y Captura
Después de varios meses de investigación judicial y análisis técnico, se estableció que “Los Usurpadores” se encargaban de recolectar dinero obtenido de extorsiones, el cual era enviado mediante transacciones bancarias y giros. El monto acumulado ascendía a más de 800 millones de pesos.
Modus Operandi
Los delincuentes utilizaban llamadas telefónicas y mensajería instantánea para intimidar a sus víctimas en municipios como Sabana de Torres, Ríonegro, Lebrija, Onzaga, Oiba y Barbosa. Haciéndose pasar por miembros de grupos armados ilegales, exigían pagos bajo la amenaza de declarar a las víctimas como objetivos militares.
“Buenas tardes, estamos haciendo una invitación para dialogar y coordinar un tema de impuesto de guerra con González del FR,” decía uno de los mensajes interceptados.
Medidas Legales
Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con secuestro o extorsión a través de la línea gratuita 165 bajo el lema “Yo no pago, yo denuncio”.
Resultados del Operativo
En el operativo simultáneo realizado en Bogotá, Medellín e Ibagué, fueron capturados cuatro de los integrantes de esta banda por orden judicial. Además, tres cómplices más, ya privados de la libertad, enfrentan ahora nuevos cargos relacionados con extorsión. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
La desarticulación de “Los Usurpadores” representa un golpe significativo contra el crimen organizado en Colombia, destacando la eficacia de las operaciones conjuntas entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales. La colaboración ciudadana es crucial para continuar combatiendo estos delitos y garantizar la seguridad de la comunidad.