La Masacre en Cantagallo por el Clan del Golfo deja cinco muertos en el Magdalena Medio y enfrenta una situación crítica tras la reciente masacre ocurrida en el corregimiento de San Lorenzo, vinculada a la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Al menos cinco personas, entre ellas dos líderes comunales, han sido asesinadas en este ataque que ha generado desplazamientos masivos y la urgente necesidad de intervención por parte del gobierno.
Masacre en Cantagallo por el Clan del Golfo: Grave situación desplazamientos y asesinatos
Desde el 2 de septiembre, el municipio de Cantagallo ha sido testigo de la incursión sistemática de grupos paramilitares en varias veredas del corregimiento de San Lorenzo. Esta situación ha desembocado en un clima de violencia que culminó en una masacre en Cantagallo en la que cinco personas perdieron la vida, incluidas dos figuras clave en la comunidad: el presidente y la secretaria de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Lejanías.
Incursión paramilitar desde septiembre en el corregimiento San Lorenzo
Las primeras señales de alerta llegaron con la presencia de hombres armados del Clan del Golfo recorriendo las veredas e imponiendo sus reglas de convivencia. Según informó Iván Madero, presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), estas incursiones comenzaron el 2 de septiembre y se intensificaron el 14 de ese mes. Durante estos recorridos, los paramilitares interrogaron a los líderes locales y, ante el temor por sus vidas, muchos tuvieron que abandonar sus tierras o esconderse.
Desplazamientos masivos: más de 22 familias afectadas
Hasta el momento, al menos 22 familias han sido desplazadas de sus hogares en Cantagallo debido a la violencia desatada por el Clan del Golfo. Estas familias han buscado refugio en las oficinas de Credhos, esperando recibir algún tipo de protección. Sin embargo, a pesar de las reiteradas denuncias ante organismos internacionales como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, las autoridades nacionales no han actuado con la celeridad requerida, agravando la situación.
Llamados de urgencia al Gobierno Nacional
Frente a la falta de respuesta por parte de las autoridades, Madero ha hecho un llamado urgente al gobierno nacional para que tome medidas inmediatas en la región. La comunidad está a la espera de una intervención efectiva para frenar la ola de violencia que, de no controlarse, podría provocar más desplazamientos y tragedias.
Falta de atención por parte de las autoridades
A pesar de las múltiples solicitudes de intervención dirigidas a entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las autoridades han hecho oídos sordos. Según Madero, esta inacción ha permitido que la situación se deteriore aún más, dando paso a la masacre en Cantagallo.
Solicitud de intervención civil y militar en la zona
Ante este escenario de crisis, se ha solicitado la presencia urgente de autoridades civiles y militares en Cantagallo. Madero también instó al alcalde de Cantagallo a que se pronuncie enérgicamente sobre lo ocurrido y exija apoyo inmediato para proteger a las comunidades afectadas. Asimismo, se ha advertido de que podrían registrarse nuevos desplazamientos si no se toman medidas contundentes.
Masacre en Cantagallo: líderes comunales entre las víctimas
El reciente asesinato de cinco personas en Cantagallo, dos de las cuales eran líderes comunales, ha dejado a la comunidad sumida en el dolor. Esta masacre en Cantagallo representa el primer ataque de tal magnitud registrado en 2024 en la región. La imposibilidad de ingresar al territorio para realizar el levantamiento de los cadáveres refleja la gravedad de la situación de seguridad en la zona.
Según Madero, la falta de intervención y la desatención por parte de las autoridades podrían desencadenar nuevas tragedias en Cantagallo y otras regiones aledañas. La comunidad exige al gobierno nacional que actúe con prontitud y eficacia, ya que la situación pone de manifiesto la necesidad urgente de una respuesta coordinada para proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad de los habitantes.