Contexto de la demanda contra tasa de seguridad en Santander
El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, en compañía del concejal de Bucaramanga, Carlos Parra, y el diputado Danovis Lozano, interpusieron una demanda ante el Tribunal Administrativo de Santander. Esta acción judicial tiene como objetivo suspender provisionalmente y anular de forma definitiva la tasa de seguridad recientemente aprobada por la Asamblea Departamental y sancionada por el gobernador del departamento.
Según lo comunicado por Avendaño, esta iniciativa va en contra de varias disposiciones legales y carece de los estudios técnicos que justifiquen su implementación. El representante señaló que esta medida no solo es inconveniente, sino que también vulnera principios constitucionales y legales, convirtiéndose en una carga adicional para los ciudadanos en un momento de gran sensibilidad económica.
La demanda contra tasa de seguridad en Santander surge en respuesta a una decisión legislativa local que ha sido duramente cuestionada por diferentes sectores sociales, económicos y políticos del departamento. Avendaño y sus aliados políticos argumentan que no se puede aprobar un cobro de este tipo sin el debido análisis fiscal que lo sustente ni sin tener en cuenta el impacto que podría generar en la población.
Argumentos legales en contra de la tasa de seguridad departamental
Los demandantes afirman que la ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 819 de 2003, la cual exige que cualquier norma que implique un gasto o una carga fiscal debe estar acompañada de un análisis detallado de impacto fiscal. Además, hacen referencia a la reciente sentencia C-340 de 2024 de la Corte Constitucional, en la que se reafirma la necesidad de que este tipo de medidas estén sustentadas en estudios rigurosos y cumplan con el principio de legalidad tributaria.
En el documento presentado ante el tribunal, se expresa que esta tasa de seguridad no solo es injustificada, sino también desproporcionada. Los firmantes de la demanda insisten en que no existe un fundamento técnico que justifique su aplicación y que su implementación podría representar una clara violación a los derechos fundamentales de los contribuyentes del departamento.
La demanda contra tasa de seguridad en Santander también resalta que esta decisión afecta el equilibrio económico de los hogares santandereanos, especialmente en Bucaramanga, donde se ha evidenciado una inflación sostenida que supera el 7%. En ese sentido, se argumenta que exigir un nuevo cobro bajo el pretexto de seguridad representa una carga excesiva para una población que ya enfrenta múltiples desafíos económicos.
Impacto económico de la medida en Santander y Bucaramanga
Uno de los puntos clave de la demanda es el impacto económico negativo que generaría la tasa de seguridad en la región. Avendaño señala que, de acuerdo con los indicadores actuales, el crecimiento económico de Santander apenas alcanza el 2.2%, lo cual demuestra un panorama poco favorable para imponer nuevas cargas fiscales. Bucaramanga, la capital del departamento, vive además un contexto de alta inflación, lo que agrava aún más la situación financiera de sus habitantes.
La introducción de una tasa como esta, en palabras de los demandantes, representa una medida regresiva, que no diferencia entre sectores poblacionales ni tiene en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. La falta de segmentación o exenciones específicas para los sectores más vulnerables hace que la medida termine afectando directamente a las familias de menores ingresos, quienes ya tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
A través de la demanda contra tasa de seguridad en Santander, los actores políticos pretenden frenar un posible efecto dominó de decisiones fiscales que no consideran la realidad social y económica del territorio. En su comunicación pública, Cristian Avendaño expresó que este tipo de decisiones legislativas deben construirse con participación ciudadana, rigor técnico y respeto por los principios de justicia tributaria.
Además, se ha criticado que la medida se haya presentado como una solución inmediata para mejorar los índices de seguridad, cuando en realidad no existen planes claros sobre cómo serán utilizados los recursos recaudados. La ausencia de una proyección presupuestal transparente alimenta aún más la desconfianza en la gestión de los recursos públicos.
Modificaciones irregulares en el trámite de la ordenanza
Uno de los aspectos más polémicos señalados por el representante Cristian Avendaño es que durante el trámite de la ordenanza, el proyecto fue modificado sustancialmente sin que estas variaciones pasaran nuevamente por los filtros legales correspondientes. Este procedimiento irregular, según el documento de la demanda, vulnera el principio de legalidad y el debido proceso legislativo, lo que se convierte en un argumento sólido para pedir la nulidad de la ordenanza.
Falta de revisión por el Consejo de Política Fiscal
Otro de los puntos que refuerza la demanda contra tasa de seguridad en Santander es la omisión del Consejo de Política Fiscal (CONFIS) en la evaluación de los cambios realizados al texto original. De acuerdo con la normativa vigente, cualquier modificación sustancial que implique una variación en los recursos públicos o en las cargas fiscales debe contar con el visto bueno del CONFIS. En este caso, dicho paso fue omitido, lo cual, a juicio de los demandantes, deja sin respaldo legal la ordenanza.
Esta falta de revisión técnica pone en evidencia una debilidad estructural en la forma en que se gestionó el proceso legislativo. Avendaño advierte que este tipo de actuaciones no solo afectan la credibilidad de las instituciones, sino que también vulneran la seguridad jurídica que debe regir en la creación de normas con implicaciones fiscales.
El concejal Carlos Parra y el diputado Danovis Lozano respaldaron plenamente la acción jurídica, destacando que este tipo de medidas deben ser construidas con total transparencia, responsabilidad social y enfoque técnico. Para ellos, la imposición de una tasa sin los debidos estudios financieros y sin participación ciudadana contradice los principios de gobernanza moderna.
Rechazo ciudadano y político ante la tasa de seguridad
La demanda contra tasa de seguridad en Santander no solo ha sido impulsada por representantes políticos, sino que también ha encontrado eco en diversos sectores de la ciudadanía. Desde organizaciones civiles hasta empresarios y líderes comunales, muchos han expresado su desacuerdo con la manera en que se impuso esta carga tributaria. En varios barrios de Bucaramanga, por ejemplo, se han realizado reuniones comunitarias donde los habitantes manifiestan preocupación por el impacto económico que esta tasa podría tener sobre los presupuestos familiares. Esta inconformidad se ha extendido a redes sociales, donde ciudadanos han compartido sus casos personales y los efectos adversos que la medida podría ocasionar.
Los promotores de la demanda argumentan que no se trata únicamente de un asunto jurídico, sino también ético y social. En un contexto donde el desempleo y el subempleo afectan a miles de santandereanos, imponer una nueva tasa sin un proceso transparente y sin consulta previa puede interpretarse como un acto de insensibilidad gubernamental. Incluso algunos sectores académicos han comenzado a estudiar el caso como un ejemplo de políticas públicas que, lejos de resolver problemas, podrían agravarlos si no se diseñan correctamente. Además, varios expertos han señalado que medidas de seguridad deben estar acompañadas de estrategias integrales, no limitadas a simples mecanismos de financiación. Por esta razón, la demanda contra tasa de seguridad en Santander se ha convertido en un símbolo de resistencia ciudadana ante decisiones que consideran arbitrarias e injustas. Mientras el proceso avanza en el Tribunal Administrativo, se espera que el debate trascienda lo legal y motive una reflexión más profunda sobre cómo se construyen las políticas fiscales en el departamento.
Alternativas a la tasa de seguridad: propuestas desde el Congreso
En el marco del debate generado por la demanda contra tasa de seguridad en Santander, el representante Cristian Avendaño ha propuesto alternativas viables que podrían sustituir este polémico mecanismo de financiación. Según su planteamiento, el problema de seguridad en el departamento debe abordarse desde un enfoque integral que combine inversión social, fortalecimiento institucional y cooperación ciudadana. En lugar de imponer una tasa generalizada, Avendaño sugiere que se redirijan recursos ya existentes dentro del presupuesto departamental, eliminando gastos innecesarios y fortaleciendo programas de prevención del delito, especialmente en zonas vulnerables.
Asimismo, ha hecho un llamado al gobierno departamental para que active mesas de diálogo con expertos en finanzas públicas, representantes del sector productivo y organizaciones sociales. El objetivo sería construir una propuesta de seguridad financiada con base en criterios de equidad y eficiencia, sin sobrecargar a los ciudadanos. A través de esta visión participativa, se espera garantizar que cualquier nuevo mecanismo sea no solo legalmente sólido, sino también socialmente aceptado. En el Congreso, otros representantes han mostrado interés en impulsar proyectos de ley que regulen de forma más estricta la creación de tasas departamentales, evitando que se repitan situaciones como la que motivó la demanda contra tasa de seguridad en Santander. Para los autores de la acción jurídica, esta es una oportunidad no solo de anular una medida inconveniente, sino también de promover un nuevo modelo de gobernanza fiscal en el país. Mientras tanto, la ciudadanía sigue atenta al fallo del Tribunal, esperando que se reconozca la necesidad de proteger los derechos económicos de las familias frente a decisiones legislativas mal estructuradas.